Las evaluaciones del Gobierno nacional indican que con el plan Chachapuma se han obtenido resultados nunca antes registrados en la historia de la lucha contra el crimen y la delincuencia en todo el país. Sin embargo, dirigentes vecinales y expertos en seguridad ciudadana perciben que en Santa Cruz, aún falta mucho por avanzar para que deje de ser la capital con el mayor número de delitos de Bolivia.
La necesidad de más efectivos policiales para el departamento, así como la inclusión de representantes de juntas vecinales en la elaboración de planes y estrategias contra la inseguridad, están en la larga lista de observaciones y sugerencias al Gobierno Nacional para que la ciudadanía perciba menos inseguridad.
Entre las cifras y la realidad. Aunque el Ministerio de Gobierno destacó en su evaluación anual sobre las políticas de seguridad ciudadana, la modernización de la Policía boliviana a través de la adquisición de helicópteros y cámaras de vigilancia, estas inversiones no son suficientes para enfrentar la realidad que atraviesa el departamento en lo que respecta inseguridad.
No obstante el número de delitos atendidos por la policía nacional en Santa Cruz (1.068, de abril a noviembre), duplican las cifras que tiene la ciudad de La Paz que registra aproximadamente 488 y hasta triplican los casos que hay en otros departamentos como Cochabamba, Oruro y Potosí que no llegan a los 300 casos.
En este sentido el Ex Comandante de la Policía y Director de Seguridad Ciudadana por la Gobernación, Rolando Fernández, destaca la inversión que ha hecho el Gobierno Nacional los últimos meses, pues asegura que la modernización de equipos y logísticas que tiene la Policía boliviana han permitido una mejor prevención y resolución de hechos delictivos. Sin embargo, afirma que estas políticas no son suficientes si se toma en cuenta que el departamento además de ser más extenso es el más poblado y albergador de inmigrantes que llegan tanto del interior como del exterior del país.
A esto, según indica, se suma la necesidad de una mayor cantidad de efectivos para hacer el control permanente en los barrios y comercios de la ciudad tanto en el día como en la noche pues "se ha visto que los controles tienen mayor efecto cuando vienen policías de otros departamentos ya que, cuando la policía lo hace por cuenta propia en Santa Cruz pierde su eficiencia".
'Se precisan planes sostenibles en el tiempo'. Asimismo, Fernández sugiere implementar políticas de educación y prevención sostenibles en el tiempo. "Ahora todos estamos viendo planes policiales pero creo que las instituciones tiene que incidir mucho más en los proyectos sociales, campañas de prevención, pero ante todo promover una política de educación en seguridad ciudadana y ofrecer oportunidades de trabajo para que no haya la necesidad de que las personas opten por delinquir".
En este mismo contexto el dirigente de la Fedjuve, Abad Lino, lamentó que el Ministerio de Gobierno, "se conforme con los resultados del Plan Chachapuma , cuando en Santa Cruz ha sido un fracaso".
"El Gobierno debe implementar proyectos y planes de seguridad permanentes y no coyunturales como es este plan", manifestó Lino. Agregó que pese al Plan en Santa Cruz y el resto del país se han lamentado recurrentes hechos delictivos y crímenes con la dureza que no se ha visto en años anteriores. "La inseguridad no se la combate con un patrullaje que sale cuando matan brutalmente a alguien sino trabajando con políticas que apunten a prevenir que estos hechos sucedan", apuntó el dirigente vecinal.
A su vez, Omar Rivera, dirigente de una de las facciones de las Juntas Vecinales de Santa Cruz, (Fedjuve) hizo énfasis en la cantidad de policías que precisa el departamento y la capital pero principalmente en la necesidad que hay de reestructurar el sistema judicial del país.
"El gobierno debe hacer los esfuerzos para que el Ministerio Público trabaje de oficio en robos y atracos. Necesitamos que se aplique la ley de armas pues hay asesinatos por doquier, urge que haya políticas de prevención pues la seguridad ciudadana debe ser una política de Estado no resolverse con cumbres que son un fracaso", señaló.
Gobierno destaca mayor inversión y nuevas tecnologías. En contraparte, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Defensa, destacó que Bolivia está atravesando un proceso histórico en la lucha contra la delincuencia, a través de la innovación tecnológica que se ha hecho en esta área con la adquisición de helicópteros y cámaras de vigilancia que le han demandado al estado más de 11 millones bolivianos.
No obstante, día atrás, el ministro Carlos Romero, sostuvo que entre 1999 a 2005, Bolivia no contaba con recursos adicionales para la seguridad ciudadana. Sin embargo, desde la aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana ha permitido destinar entre un 10% y 5% de los recursos de coparticipación y nivelación del IDH en función a la población
Respecto a las deficiencias de la Policía, se informó que se ha invertido en mejorar la infraestructura y los salarios de los efectivos que se han incrementado de 26.151 en 1999 a 36.057 hasta la actual fecha.
"Se ha visto que los controles tienen mayor efecto cuando vienen policías de otros departamentos. Sin embargo, cuando la Policía lo hace por cuenta propia en Santa Cruz pierde su eficiencia"
Rolando Fernández
Exjefe Policial
"No tiene sentido destacar cifras de un plan de seguridad cuando hay familias llorando cada día por causa de la delincuencia, se precisan planes y políticas preventivas permanentes no coyunturales "
Abad Lino
Dirigente de la Fedjuve
"Necesitamos capacitaciones en los hogares y que haya políticas de prevención La seguridad ciudadana debe ser una política de estado permanente no planes y cumbres que surgen después ante un hecho"
Omar Rivera
Dirigente de Fedjuve
Institución
Fundación Jessika Borda cesa sus actividades
Siendo una de las pocas organizaciones de ayuda a la lucha y prevención contra la delincuencia en Santa Cruz, la Fundación Jessika Borda anunció un cese de actividades desde este mes debido a un déficit económico que enfrenta la institución para poder sostener los gastos de operaciones que hace desde hace nueve años en favor de los familiares y víctimas de la delincuencia.
Reapertura en incógnita. Aunque la directora de la institución, Rhea Borda, ratificó estar cancelando la liquidación a su personal, informó que cerrará en el mes de enero del próximo año que se definirá si el cierre será definitivo o temporal. "Estamos lamentando el cierre de la institución estos días aunque con la satisfacción que se ayudó a mucha gente y se pudo extender el proyecto a las provincias donde dictamos talleres de seguridad", indicó.
Ayuda. En nueve años de servicios, la Fundación Jessika Borda logró atender a 1.285.945 personas, con procesos jurídicos en favor de la víctima, consultas psicológicas, atención médica, talleres preventivos de seguridad ciudadana. Asimismo realizó campañas en provincias, diagnósticos de Policía Comunitaria, intervenciones, acompañamiento a las víctimas a las audiencias en terapias ocupacionales entre otras actividades como ferias y marchas contra la violencia.
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